Cuando conectar un enchufe empieza a ser un problema

Definición oficial de Pobreza Energética

“La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”

Durante la última campaña electoral, se abordó constantemente por los partidos hoy en el Gobierno este tema ya entonces candente y en el presente de una gravedad extrema; innegable es la toma de ciertas medidas de urgencia, a todas luces insuficientes por no atajar la base del problema existente.

Según la ministra competente María Teresa Ribera, el tema se incluyó con carácter de urgencia en el Marco Estratégico de Energía y Clima, (organismos que no falten), dando posteriormente lugar a una adecuación del Bono social existente. Pasamos a tener un Bono social Eléctrico y un Bono social Térmico, con menores restricciones de aplicación al incorporar como motivos de concesión en el periodo de Alarma por el Covid-19 el tener un miembro de la unidad familiar en paro, estar en ERTE y/o en reducción de jornada laboral y por tanto de ingresos y la total prohibición del corte de energía en fechas especialmente complicadas térmicamente.

Esta es la postura oficial, la real es la que los ciudadanos comprueban en las facturas que las Compañías Eléctricas emiten puntualmente. Si el estudio del consumo familiar ha detectado malos usos, (sociedad de consumo descontrolado) esos estudios ignoran la existencia de un 10% familias que en riesgo extremo de pobreza o ya en ella (se espera un aumento de seis millones), no encuentran salida a su situación, al estar su bono social incluido en la llamada facturación de acuerdo con la fluctuación del Mercado Energético, variable dependiendo de producción y consumo, con un sistema establecido en su día por el Ministro del PP del PP, y que únicamente favorece a las empresas comercializadoras, como siempre, lo que debería ser gratuidad, se ve incrementado, aunque sea en cantidades mínimas.

Las empresas productoras y comercializadoras de energía han sido, son y serán en este país absolutamente intocables, las oligarquías propietarias de las mismas desde siempre y la incorporación a sus cargos directivos de políticos de todo ámbito, que encuentran en esa puerta giratoria un buen futuro, impiden tomar medidas reales de protección al consumidor, muy al contrario, con medidas proteccionistas a las empresas siempre se mantienen los elevados precios de consumo.

La urgente necesidad de implantar una producción limpia y económica, es muchas veces paralizada y obstruida (no olvidemos como se estafó a los propietarios, privados y comunales de parque solares). No es entendible que un país con un índice de días solares altísimo, no sea una de las primeras potencias en esa energía solar, ni lo es que la energía eólica esté aun sin un pleno desarrollo, mientras se siguen subvencionando las no renovables y más contaminantes.

Si gravísimo y urgente es el problema de la vivienda social, tanto o mas lo es el de la pobreza energética, teniendo en cuenta la crisis económica que atravesamos y que por desgracia se nos plantea como futuro. La falta de energía en los hogares agrava aún más su caída en exclusión social, aislándolos entre otras cosas de la conexión telemática indispensable para la vida laboral y educacional, hoy por hoy impuestas por una situación de alerta prohibitiva pero no resolutoria, las prohibiciones siempre deben ir acompañadas de pautas para que el desarrollo de la vida laboral y social se mantenga en lo posible de la mejor manera y ese no ha sido el caso desde Marzo de 2020, en que las medidas tomadas han sido restrictivas y en algunos casos oficialmente se han dado soluciones que nunca llegan a ser realidad para los ciudadanos.

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